La cámara de Diputados de Brasil comenzó el viernes la primera sesión de las 15 previstas para que una comisión especial recomiende la apertura o el archivamiento de un pedido de juicio de destitución contra Rousseff.
El presidente de la Cámara, Paulo Cunha, quiere acelerar este paso del proceso, para que se complete en un plazo de un mes.
“Es mejor que sea rápido para que el país pueda conocer su verdadera agenda. No podemos quedarnos con una única agenda que sea la del impeachment (…) Podría ser en 30 días”, dijo Cunha tras dar por iniciado el trabajo del cuerpo Legislativo
“Lo más probable es que sea en la semana del 20 o del 27 de abril”, añadió.
La “operación Lula” estuvo además cerca de zozobrar, por sospechas de que el mandatario se proponía ante todo, asumiendo un cargo ministerial, obtener fueros especiales que lo libraran de las investigaciones del juez anticorrupción Sergio Moro sobre el escándalo Petrobras.
La filtración de una conversación telefónica pinchada entre Lula y Rousseff avivó esa sospecha y provocó nuevas protestas, principalmente en Sao Paulo y Brasilia.
Dos jueces presentaron recursos para bloquear su entrada en funciones.
“La gritería de los golpistas no me va a sacar del rumbo ni va a poner de rodillas a nuestro pueblo” , declaró Rousseff durante la ceremonia de nombramiento de Lula.
Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) , fue acusada por un grupo de juristas apoyados por la oposición de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales en el 2014, el año de su reelección, y a inicios del 2015.
El plan de Cunha, un fino conocedor de la cámara abiertamente enfrentado con Rousseff, es que la comisión de 65 diputados constituida el jueves funcione todos los días posibles, hasta cumplir las 10 sesiones previstas para la defensa y las cinco para que sus integrantes lleguen a un dictamen y hagan una recomendación a los 513 diputados federales de Brasil.
Un eventual parecer favorable a un juicio de destitución debe ser aprobado por los dos tercios de la Cámara (342 diputados) . De no lograr ese número, el pedido será archivado.
Si la cámara de Diputados aprueba un pedido de impeachment, y el Senado, de 81 escaños, lo ratifica por mayoría simple, Rousseff será apartada automáticamente de su cargo por un plazo máximo de 180 días.
Y su destitución definitiva ocurririía si el Senado la vota al cabo del proceso, esta vez por mayoría de dos tercios (54 senadores de un total de 81) .
La comisión también puede recomendar no avanzar con el proceso, lo que igualmente exigiría una ratificación por el plenario de la Cámara.
“El parecer de la comisión es una etapa de pasaje. Cualquiera sea la decisión que tome, va a ser sometida al plenario. Es el plenario el que va a decidir la apertura, o no, del proceso de impeachment” , subrayó Cunha.
Dispersan protestas
La Policía brasileña dispersó el viernes a decenas de manifestantes que estaban concentrados desde la noche del miércoles en la céntrica Avenida Paulista, para exigir la renuncia de Rousseff y expresar su rechazo al nuevo ministro de la Presidencia, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin éxito en las negociaciones para una retirada pacífica, la Policía Militarizada de Sao Paulo ordenó en la mañana de este viernes la intervención de la Tropa de Choque, como se conoce al batallón antidisturbios, para dispersar la manifestación que duraba ya cerca de cuarenta horas.
Los policías utilizaron descargas de agua con mangueras de presión y cuando algunos de los manifestantes respondieron con piedras y objetos en su contra, los agentes lanzaron gases lacrimógenos.
La acción fue rápida y no demoró más de diez minutos, suficientes para liberar el tráfico de vehículos en la céntrica avenida, identificada como el “corazón financiero” de Brasil.
Según medios locales, en el momento de la acción policial se encontraban en el lugar unos 700 manifestantes, muchos de los cuales estaban acampados en unas veinte tiendas montadas frente a la sede de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) , la mayor patronal del país y que apoya las protestas.
Los manifestantes salieron a la calle al final de la tarde del miércoles, cuando se confirmó el nombramiento de Lula como ministro, y prolongaron sus protestas con el propósito de evitar una manifestación a favor del Gobierno y del exmandatario programada para este viernes.
El expresidente juramentó su cargo en un clima de polarización política, pero su nombramiento quedó en entredicho con una suspensión cautelar ornada por un juez minutos después de tomar posesión en Brasilia.
Las centrales obreras y movimientos sindicales favorables al Gobierno de Rousseff y en defensa de Lula, investigado en el marco del caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, convocaron a una jornada de movilizaciones para este viernes.
El último domingo, durante una multitudinaria jornada en contra de Rousseff y Lula, que según la Policía reunió 3,6 millones de personas en todo el país, de las cuales 1.4 millones sólo en la Avenida Paulista, las autoridades de Sao Paulo impidieron la presencia de manifestantes pro Gobierno para evitar conflictos.
Con esa misma justificativa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sao Paulo intentó negociar la salida este viernes de los manifestantes contra el Gobierno y, sin éxito en el diálogo, ordenó su dispersión a través de la acción de la fuerza pública.
Brasilia también tuvo el jueves recién pasado protestas a favor y en contra del Gobierno.
Entrada la noche, centenas de personas se movilizaron y acudieron a los jardines frente a la sede del Congreso, donde llegaron a escenificar el entierro del Partido de los Trabajadores (PT) , formación a la que pertenecen Rousseff y su ministro Lula.
El lago que cerca el Congreso separó el cordón policial de los manifestantes, que llevaban carteles en los que se podía leer “El poder del pueblo” y “Fuera PT” .
Las protestas del jueves a favor y en contra del Gobierno se realizaron también paralelamente a la instalación en el Congreso de una Comisión Especial, que determinará si existen indicios para un eventual juicio político con el fin de destituir a Rousseff.
