El jefe del Estado había hecho referencia poco antes a la “ley contra delitos de odio” que debe aprobar en los próximos días la plenipotenciaria y oficialista Asamblea Nacional Constituyente.
Según se adelantó desde la propia Constituyente, la ley se ocupará entre otras cosas de los contenidos que se escriben y difunden en las redes sociales.
“Si yo saco un video de una información importante, yo no puedo meter publicidad, (…) pero sí puedo recibir publicidad del mundo entero y de Venezuela en Instagram y Facebook. (…) Y me meten retardadores para sacarme seguidores o para que no les lleguen mis vídeos o mi verdad”, explicó Maduro sobre el supuesto veto en las redes.
El líder de la llamada revolución bolivariana se quejó además de un supuesto boicot durante la campaña de las cadenas privadas del país, a las que acusó de ceder espacios gratis a los candidatos de la oposición, que también se quejaron de no tener acceso a unos medios públicos copados por los contenidos oficialistas.
Exigen auditar resultados
Unos 12 países países de América exigen que se efectúe una “audotoría urgente” en Venezuela tras los comicios del fin de seman último en lo que el chavismo arrasó.
En tanto, alcaldes opositores venezolanos acusaron a Nicolás Maduro de una política de Estado sistemática para desbaratar el poder municipal opositor, en el marco de las audiencias en la OEA en las que se analiza si en el país latinoamericano se están cometiendo delitos de lesa humanidad.
“Doce alcaldes (opositores) han sido destituidos en Venezuela: cuatro de ellos están presos, seis estamos en el exilio y dos permanecen en Venezuela destituidos o inhabilitados. Representamos a 10 millones de venezolanos, un tercio de la población”, dijo David Smolansky ante un panel de expertos internacionales en la sede de la OEA, en Washington.
