“Ellos han estado caminando y en su ruta, Migración los espera con la Policía federal para realizar operativos, golpearlos y repatriarlos”, denunció el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos del Camino, de Ixtepec, Oaxaca.
Orden
El 31 de marzo último, la fiscalía del Estado de Veracruz anunció que por instrucciones del gobernador Javier Duarte se había presentado una denuncia contra las empresas Ferrosur y Kansas City Southern de México, por su presunta responsabilidad por acción u omisión en hechos ilícitos y violaciones a los derechos humanos contra inmigrantes.
“Hay testimonios que indican que personal operativo de los ferrocarriles de estas empresas complacen, ayudan y coadyuvan a que se cometan diversos delitos, desde robo, tráfico de personas, lesiones y hasta extorsiones”, según el comunicado de la fiscalía.
Entre otras cosas, el documento explica que los conductores de ferrocarril se detienen en lugares solitarios para permitir que delincuentes aborden los vagones donde se transportan los inmigrantes y que hacen maniobras bruscas que redundan en lesiones y amputaciones, que incluso les llegan a costar la vida a los viajantes.
Nada nuevo, nada que los defensores de derechos humanos y los propios migrantes no lleven años denunciando, ante el caso omiso de las autoridades.
La última denuncia sí ha tenido resultados, ya que las empresas, que hasta ahora aparentemente no actuaban contra los inmigrantes que se suben al tren para viajar en forma ilegal en su techo, o entre los vagones, les han prohibido abordar el tren.
Lejos de hacerles un favor y de frenar su llegada a México, esto los obliga a que tengan que buscar rutas alternativas, como la del mismo tren que va por el Pacífico, una ruta menos peligrosa pero “tres veces más larga”, afirmó Solalinde.
La otra opción es que decidan hacer su camino andando y se enfrenten con alguno de los 60 puestos migratorios que hay por las carreteras mexicanas, o por algún operativo sorpresa del INM.
