Limitar el derecho de antejuicio y la pluralidad en la justicia fueron los artículos que detuvieron la discusión. Incluso estuvo en la cuerda floja la aprobación del tercer debate de las reformas, porque algunos se negaban a votar.
Larga jornada
No fue suficiente la mirada vigilante de la Fiscal General, Thelma Aldana, del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez; del procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque ni la de varias autoridades ancestrales y activistas, pues los diputados dijeron no.
Aunque la pluralidad jurídica quedó en impasse, los diputados protegieron el derecho de antejuiciom, por lo que no podrán ser investigados.
El rechazo fue evidente. Muchos legisladores estaban presentes pero no marcaban, para evitar el quórum de 105 requerido. La sesión se inició con 45 minutos de retraso.
Al inicio, 26 diputados expusieron durante más de dos horas su opinión acerca de la propuesta, acompañados de gritos y cánticos de varios asistentes que exigían que fueran aprobadas las reformas.
“¡De acá no se va nadie hasta que se aprueben!”, gritaban desde el palco de invitados varias personas. Algunos congresistas como Ernesto Galdámez, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), les hacían muecas para manifestar su rechazo.
Otros fueron más directos. Uno de ellos, Francisco Tambriz, de Alianza Ciudadana, aseguró que las reformas son una mentira para los pueblos indígenas, que quieren alimento, carreteras y trabajo en lugar de lo que se plantea en la propuesta.
“¿Para qué queremos Constitución si no se cumple?”, cuestionó Tambriz, quien aseguró: “Tenemos que votar por miedo. Pues yo no tengo miedo”.
Mientras que Fernando Linares, del Partido de Avanzada Nacional, aseguró que con los cambios al derecho de antejuicio se estaba limitando a los funcionarios a ejercer su labor.
Lograr los votos fue difícil. Aunque había quórum estuvieron ausentes hasta 40 diputados de diferentes bloques.
Enmiendas
Al inicio de la jornada, la Dirección Legislativa había recibido 19 enmiendas, pero al final se registraban 38 propuestas para modificar la iniciativa elaborada por la Mesa Técnica del Diálogo Nacional hacia la reforma de la justicia en Guatemala y respaldada por más de 30 legisladores, quienes las calzaron con su firma el día de la presentación.
El diputado que más modificaciones presentó fue Linares. El presidente del Congreso, Mario Taracena, afirmó: “La intención de este señor es bloquear las reformas. Así lo anunció la semana pasada y hoy lo está poniendo en práctica”.
Discordia
Como había sido anunciado desde la semana pasada, las limitaciones en el derecho de antejuicio, la pluralidad jurídica y la estructura del Consejo Nacional de Justicia son los puntos controversiales de la reforma, y dos de ellos se convirtieron ayer en el trago amargo.
Curioso resultó que, aunque se esperó una hora con 20 minutos para aprobar una de las cinco enmiendas presentadas al derecho indígena, lo relacionado con el antejuicio fue rechazado con 77 votos, sin mayor discusión.
La discordia fue tal que los jefes de bloques se reunieron en el centro del hemiciclo para buscar acuerdos, y según Taracena será hasta el próximo año, en la presidencia de Óscar Chinchilla, que se continúe con la discusión del resto de la propuesta.
Los artículos perdidos podrían retomarse a través de un fondo de revisión, al final de la aprobación.
Sin apoyo legislativo
Los primeros dos artículos del proyecto de reformas constitucionales no fueron avalados y el tercero quedó pendiente.
Artículo 154 de la constitución
- “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución”.
El artículo 1 de la propuesta agregaba:
- “El antejuicio es la garantía que la Constitución otorga a los dignatarios y funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal (…) Esta garantía no es impedimento para realizar investigación penal. Los dignatarios y funcionarios públicos serán suspendidos del cargo en caso se les dicte auto de procesamiento en el que se les vincule a proceso penal…”.
Las enmiendas quitaban que los dignatarios y funcionarios fueran suspendidos en caso se les dicte auto de procesamiento.
Artículo 161 de la Constitución
- Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán, desde el día que se les declare electos, de las siguientes prerrogativas: a) Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados (…) b) Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo…”.
Propuesta sustituye un par de líneas
- El artículo 2 deja la mayor parte del artículo 161 constitucional como está, a excepción de dos líneas en el último párrafo. Se retira el párrafo: “Si se les decretare prisión provisional quedan suspensos en sus funciones en tanto no se revoque el auto de prisión”, y lo sustituye por: “Serán suspendidos del cargo en caso se les dicte auto de procesamiento en el que se les vincule al proceso”.
La única enmienda planteaba: “se les decretare prisión provisional en tanto no se revoque el auto de prisión”.
Artículo 203 de la Constitución
(…) Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia (…) Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.
El artículo 3 de las reformas añade:
- “Las autoridades indígenas ancestrales ejercen funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados dentro de la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Las decisiones de las autoridades indígenas ancestrales están sujetas al control de constitucionalidad…”.
Las cinco enmiendas mezclaban las líneas originales del artículo constitucional y las de la propuesta de reformas.
