“Nosotros podemos ir eliminando estás prácticas de este tipo de gente. Todo aquel que vulnera a la sociedad y que viene a dañar la paz y la tranquilidad de un país, debe de recibir el castigo que se merece”, dijo Córdova.
El jefe de bancada del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Javier Hernández, manifestó que se necesita legislar en esta problemática. Explicó que se trató de tipificar armas, pero considera que era el paso equivocado y que es mejor castigar la acción de terrorismo.
“Vea lo que se está viviendo en el país, que se puede llegar a vivir -terrorismo- y esperamos que no se dé, se está empezando a tipificar al marero como un acto terrorista cuando así actúen. Me parece una iniciativa que apoyaría”, señaló Hernández.
Mientras que el diputado del bloque Fuerza, Raúl Romero, dijo estar complacido porque ha sido un ponente de propuestas para el endurecimiento, de la persecución y castigo a la delincuencia y crimen organizado.
“Creo que Guatemala está atravesando por un momento difícil en donde pareciera que la delincuencia no solo tiene de rodillas a la población sino también a las instituciones encargadas de brindar seguridad, creo bueno que se dé la construcción de un marco legal que permita endurecer las penas y la persecución y castigo contra la delincuencia”, refirió.
La iniciativa fue propuesta por Napoleón Rojas, diputado de la Unión del Cambio Nacional, quien también dictaminó a favor el proyecto como presidente de la Comisión de Gobernación.
Denuncias por bloqueos
“El objetivo de esto es tipificar la acción terrorista, no el arma que se utiliza. Existen acciones que forman la ejecución la causa del terror que genera pánico”, dijo Rojas al justificar la iniciativa.
Si bien es cierto que el proyecto de ley contra el terrorismo incluye penas contra acciones extorsivas en contra de comercios con penas hasta con 30 años de prisión, podría tomarse como una herramienta para evitar que grupos organizados bloqueen las carreteras.
“Toda conducta típica, antijurídica, culpable y punible que provoque intimidación, zozobra, alarma o temor en la población o sector de la misma (…) que atente contra la salud, la libertad y la seguridad de las personas o del patrimonio, afectando edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio”, cita el artículo 4 de la iniciativa.
