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Operadores políticos acomodan fuerzas en el inicio del proceso de postulación de CSJ y Apelaciones
Ningún grupo cuenta con los votos suficientes para definir o bloquear decisiones, que según se ha observado en proceso anteriores, provienen de fuerzas externas que lideran operadores y estrategas políticos.
Miguel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar -al centro- presta juramento ante el Congreso como presidente de la Comisión de Postulación para CSJ. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Aunque golpeados por acusaciones penales, los tradicionales operadores en la elección de cortes de justicia, Roberto López Villatoro, Gustavo Alejos y Estuardo Gálvez, mantienen cuotas de poder en las comisiones de postulación para magistrados de las cortes de justicia.
A las tres figuras que han ejercido influencia durante los últimos tres procesos, se suma un nuevo actor: Nester Vásquez Pimentel, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), que se coloca en el primer plano del conglomerado que logró ocho escaños en la comisión de postulación para Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre abogados y magistrados de Apelaciones.
La integración de las nóminas de candidatos para las cortes de justicia, que deberán presentarse al Congreso antes del 13 de octubre, cuando finaliza el mandato de los actuales funcionarios, recae en dos comisiones de postulación.
Cada una se conforma por 37 integrantes y las presiden los rectores Miquel Cortés, de la Universidad Rafael Landívar y Raúl Arévalo, de Universidad Internaciones. Los integrantes provienen de tres sectores: los decanos de las facultades de Derecho; los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el Organismo Judicial -magistrados de la CSJ y de la corte de Apelaciones-.
En los anteriores procesos se ha observado la conformación de diferentes fuerzas que empujan o bloquean tanto decisiones como el avance de los aspirantes. Estas fuerzas, que usualmente crecen al calor de la política gremial sancarlista, responden a operadores tradicionales. Para este proceso también participan seis comisionados de Alianza x la justicia conformada por profesionales afines al gobierno de Bernardo Arévalo y socios de bufetes corporativos, que se constituye como contrapeso a los operadores tradicionales.
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Las decisiones en las comisiones se toman con el voto favorable de 25 de sus integrantes y se frenan con la oposición de 13 comisionados. “Ningún grupo por sí solo tiene 25 votos”, dijo a inicios de julio el abogado Lesther Flores, de Plataforma de Profesionales por la Justicia, grupo afín a Gálvez.
Fernando Chacón, de UGAP, coincide y señala que cada tema o etapa marca distintos tipos de alianzas que no siempre son formales, sino que únicamente responden a la coincidencia casual de criterios.
En opinión de Chacón, las pláticas con miras a posibles alianzas comenzarán luego de la primera sesión en la que se elige a los secretarios de la comisión. Desde ya, entre el gremio se mencionan alianzas imposibles, como Vásquez y Gálvez o Alianza x la justicia con ASPA.
Un nuevo operador
El magistrado Vásquez ha ascendido hasta la CC como producto de las negociaciones políticas. En 2014 formó parte del grupo de magistrados electos que le habrían jurado lealtad a los candidatos que se creía con más posibilidades de llegar a la presidencia, Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi. Esta fue una de las denuncias que la CICIG entregó al Ministerio Público en 2019, antes de terminar su mandato por decisión del entonces presidente Jimmy Morales.
A Vásquez se le menciona como uno de los operadores de la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA), que llevó a Mario Siekavizza a la presidencia de la directiva del CANG. ASPA colocó a seis integrantes en las comisiones de postulación, tres en cada una.
Siekavizza asegura que está separado de la política gremial pero los grupos de oposición no piensan lo mismo. De hecho, consideran que la Unidad Académica del CANG, a cargo de Sergio Madrazo, se utilizó para catapultar a ASPA mediante la organización de talleres y diplomados financiados por la gremial. Un reportaje de Plaza Pública evidenció a Madrazo como orador principal de una de las actividades de campaña de ASPA de cara a la elección de comisionados por el CANG.
Además, durante la presidencia de Siekavizza el CANG le ha rendido múltiples homenajes a Vásquez, actual presidente de la CC. En 2021, la asamblea del CANG eligió a Vásquez como magistrado titular de la CC en un escenario favorecedor, después de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) solicitó la captura de los dos contendientes más fuertes, Estuardo Gálvez y Luis Fernando Ruiz, ambos señalados por el supuesto amaño en la postulación para magistrados de justicia, en el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020.
El exjefe de la Feci, Francisco Sandoval, recuerda que promovió las órdenes de captura contra varios comisionados, entre ellos Gálvez y Ruiz, a petición de la fiscal general Consuelo Porras. Sin embargo, su jefa no le autorizó solicitar los antejuicios contra los magistrados de la CSJ que también integraron las comisiones y que habrían participado del amaño. Las diez solicitudes de antejuicio contra los magistrados se tramitaron cuatro meses después y más tarde fueron rechazadas.
El presidente de la CC asegura que los señalamientos de nexos con el movimiento gremial son “falsos”. Por medio del departamento de comunicación de la CC, Vásquez respondió que “como cualquier otro profesional agremiado al Colegio de Abogados y Notarios, tiene el derecho de emitir sufragio ante las distintas convocatorias a elecciones (…) sin que ello signifique que se influye de alguna manera”.
Para ocupar la magistratura titular de la CC, Vásquez conformó binomio con la abogada de Antigua Guatemala, Claudia Paniagua y contó con el respaldo de la agrupación Plataforma de Juristas y Profesionales Afines, afín a ASPA. Durante la campaña, Paniagua mostró su apoyo hacia la planilla 3 de ASPA, concretamente a favor de Mario Hernández Romero, que actuó como defensor del expresidente Otto Pérez Molina.
La disposición del Instituto de Justicia Constitucional para promover grupos gremiales también ha sido cuestionada por organizaciones como el Movimiento Projusticia. La magistrada Paniagua, es secretaria de la junta directiva del instituto por lo que participó activamente en diferentes actividades académicas.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, indicó que como figuras visibles se mencionan a Nester Vásquez, Gustavo Alejos, Armando Escribá, Roberto López Villatoro y Estuardo Gálvez. Estos dos últimos han sido más visibles como operadores y estrategas, pero no se sabe quiénes financian los movimientos.
“De lo que hemos observado en anteriores procesos, de 2009 a 2019 en los procesos de elección de cortes, es que los comisionados son quienes llegan al terreno público a ejecutar decisiones que se han tomado fuera de las comisiones; el problema es que no se sabe quiénes toman las decisiones ni donde se toman”, señaló Ibarra.
La evidencia más concreta de las decisiones que se toman al margen de la comisión la recolectó la Feci durante la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020.
El resurgimiento de Alejos y López
El otro operador relevante y tradicional es Gustavo Alejos, y quien describió ante la Feci todo el entramado del caso Comisiones Paralelas 2020. Mientras se desarrollaba el proceso de postulación de 2019, la fiscalía documentó una serie de visitas de comisionados, aspirantes y políticos, al sanatorio donde Alejos permanecía bajo prisión preventiva.
La tesis del ente investigador fue que las visitas a Alejos no eran más que cabildeo para integrar las nóminas de candidatos a las cortes de justicia, mientras que varios de los implicados han tratado de explicar que actuaron por solidaridad y amistad.
Mario Ajín, que defendió a Alejos en varios casos, es ahora es comisionado electo por el CANG, un puesto al que llegó con la bandera de la agrupación UGAP, que lidera el expresidente del CANG Fernando Chacón y que se lanzó en febrero de 2024. Chacón expone que el interés de los comisionados electos por UGAP es seleccionar a los mejores perfiles y sostiene que se debe separar la función de Ajín como defensor y como comisionado. “Se descarta que la agrupación como tal, tenga un vínculo con Gustavo Alejos y que se vayan a defender o favorecer los intereses que él tenga”, agregó Chacón.
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A la planilla de UGAP también se le vincula con Walter Mazariegos, por la coincidencia de simpatías, como la de la asociación Anaprodeca que apoyó a Mazariegos en sus esfuerzos por ocupar la rectoría de la USAC. Chacón explica que el apoyo de Anaprodeca hacia UGAP ocurrió en el marco de una alianza estratégica para conformar la planilla, porque las bases en los centros universitarios buscaban tener una representación las comisiones y se les dio espacio en la casilla 2. Se refiere a Elfego Jerez Chacón, funcionario de la Usac que según reportes de Prensa Comunitaria ha tomado acciones en favor de Mazariegos, como las restricciones para el ingreso en el edificio de rectoría y el aval para la contratación de su exasesor, Juan Carlos Godínez.
“Fue más bien una alianza con los centros universitarios que con el rector”, según Chacón.
Roberto López Villatoro es la figura tras la planilla 6 del CANG, que logró dos cupos en la comisión para CSJ y uno en la de Apelaciones. El abogado y su hermana Clara fueron absueltos en septiembre de 2023 en un caso por el presunto pago de sobornos a Eddy Orellana Donis, magistrado que integró la comisión de postulación para CSJ en 2009.
López Villatoro -conocido como el Rey del Tenis, por su presunta relación con el contrabando de zapatos deportivos- hizo un despliegue de su carisma en la jornada de votaciones del 21 de junio, repartió abrazos y saludos para impulsar a la planilla 6 en el centro de votación del Club Majadas, en la zona 11 capitalina. Entonces, aseguró que atendería consultas más adelante, pero luego desconectó su teléfono.
Desde las acusaciones penales en su contra, Estuardo Gálvez también se ha alejado de la prensa. En Plataforma de Profesionales por la Justicia reconocen el impulso que Gálvez mantiene sobre esa agrupación que logró al menos cinco escaños en la comisión para CSJ, entre magistrados y dos comisionados electos por la asamblea del CANG, y tres en la comisión para cortes de Apelaciones electos por el gremio de abogados y profesionales afines.
Los cuatro operadores engrosan la lista Engel de actores corruptos y democráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que tienen en común señalamientos por corrupción que quedaron en impunidad tras la salida de la CICIG y el exilio de fiscales y jueces que debían dar seguimiento a los casos. En otros casos, han logrado que el sistema de justicia les absuelva o han contado con la suerte de que las denuncias en su contra se queden entrampadas.
En oposición se sitúa el grupo de abogados Unidad x la Justicia dio la sorpresa en las elecciones del CANG, al lograr 6 escaños, tres en cada comisión. En el grupo se mencionaba la posibilidad de concretar un bloque con los decanos que en procesos anteriores se decantaron por privilegiar los méritos, pero esa posibilidad ha comenzado a desdibujarse con la salida de Milton Argueta como decano de la Universidad Francisco Marroquín.
A criterio de Ibarra, así como de varios actores en el proceso, aún es temprano para establecer una correlación de fuerzas, que se observará durante el desarrollo de las sesiones de las comisiones y que, según se ha visto en otros procesos, son cambiantes. Se ha visto que hay momentos en el proceso en que algunos comisionados responden a intereses externos, a “estructuras políticas que se montan por parte de estrategas, operadores y financistas, para tener incidencia en las comisiones”, concluyó.
