El lunes recién pasado se publicó el acuerdo ministerial 163-2015, el cual da vida a la Fundación contra el Terrorismo Mediático.
Lo único que detalla el documento es el reconocimiento de la personería jurídica y la aprobación de los estatutos autorizados por el notario Manuel Ramón Hurtarte Herrarte.
Al consultar a Comunicación Social de la cartera del Interior, se informó que entre los objetivos de la recién creada fundación figura la “defensa del orden público y la lucha contra la información de medios de comunicación que demeriten el derecho de la persona humana, la institucionalidad pública y privada”.
Asimismo, la misma fuente informó que entre los miembros de la junta directa se encuentran José Ovidio Orellana de León Roque, como presidente; Gloria Elizabeth Conde López, vicepresidenta, y Reina Leticia Morales Pérez, secretaria.
El artículo 35 de la Constitución establece que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión.
La Ley de Emisión del Pensamiento dice que es libre la emisión en cualquiera de sus formas, y no podrá exigirse en ningún caso fianza o caución para su ejercicio.
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras.
El principio 5 de la Declaración Interamericana de Principios sobre Libertad de Expresión señala que estará prohibida toda forma de censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información.
La dirección que registró la Fundación para trabajar es la 7a. avenida 20-12 de la zona 1 capitalina. Prensa Libre hizo una visita al edificio, pero el responsable de dar información manifestó que no existía ninguna oficina con ese nombre o “algo similar”.
“El problema es que algunos inquilinos rentan sus oficinas y no se tiene ese reporte de las personas que toman el lugar”, agregó.
Peligro
Alejandro Balsells Conde, del Centro para la Defensa de la Constitución, aseguró no conocer en detalle el propósito, pero de confirmarse la finalidad representa un peligro porque limita la libre emisión del pensamiento de “todos” los medios de comunicación, redes sociales y electrónicos.
“Es demasiado genérico lo que se sabe, pero de confirmase es claro que se limitan derechos humanos relacionados con la libre emisión del pensamiento”, afirmó.
Al igual que Balsells, Víctor Ramírez, ex vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), señaló que se afecta el trabajo de los comunicadores, quienes en la actualidad son “blanco” de grupos políticos.
Accionarán
Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, dijo que existe una mala intención no solo con el nombre, el cual es un plagio “descarado”, sino también representa un atentado contra la libertad de Prensa.
Adelantó que por ambas razones presentaría de inmediato una acción legal contra la Fundación.
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, refirió que el acuerdo fue aprobado porque cumple con los fundamentos legales.
“Al analizar, no hay nada que aparezca contrario a la normativa. Estoy facultado únicamente a normar los procesos para regularizar la forma de inscribir y registrar las fundaciones”, comentó.
La Procuraduría de los Derechos Humanos dio a conocer que hoy se pronunciará sobre el tema.
