Se confirmó que el expediente de antejuicio fue presentado la tarde del viernes ante un juzgado de turno por la Cicig y el Ministerio Público (MP).
Thelma Aldana, fiscal general del MP e Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, presentaron los resultados de investigaciones que vinculan al mandatario, por el delito de financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral de 2015, cuando ganó la elección presidencial, como candidato del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), del cual era también secretario general.
La disputa llegó a su extremo el domingo, cuando Morales declaró “non grato” al comisionado Velásquez y ordenó su expulsión “inmediata”.
La intolerancia hacia Velásquez llevó al mandatario a visitar la sede de la ONU el viernes para entrevistarse con el secretario general del organismo, António Guterres, y pedir límites a la acción al frente de la Cicig.
La expulsión no se concretó porque la Corte de Constitucionalidad (CC) frenó la medida resolviendo a favor tres amparos provisionales, promovidos contra la decisión de Morales.
Morales, quien al asumir la presidencia el 14 de enero de 2016 se hizo eco del fuerte deseo de la población de acabar con la corrupción, enfrenta, 19 meses después, la posibilidad de una formación de causa por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Eventualmente, de perder su inmunidad, una decisión que en última instancia corresponde al Congreso, en caso de que la CSJ decida darle trámite, el jefe de Gobierno tendría que encarar a la Justicia, lo que lo obligaría a renunciar al cargo.
Esto pasó hace dos años con el entonces presidente Otto Pérez Molina, después de que en agosto de 2015, la Cicig y el MP, solicitaran su antejuicio tras vincularlo con una red de defraudación aduanera.
Los dos órganos de investigación presentaron la solicitud contra Pérez Molina el 21 de agosto de 2015, sindicándolo de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Cuatro días fueron necesarios para que la CSJ resolviera con lugar, lo que motivó al entonces mandatario a dimitir el 2 de septiembre.
No es ésta la única razón que provoca un desgaste entre Morales y Velásquez. En el ámbito familiar hay un proceso que afecta a Morales. Se trata de un proceso penal contra uno de sus hijos y su hermano. Ambos son procesados por un fraude por el cobro de un servicio no prestado en 2013, al Registro General de la Propiedad.
El mandatario guatemalteco dijo ayer que “confirma” su decisión de declarar “persona non grata” a Velásquez, pero advirtió que la razón no se origina en “motivos personales”.
Defiende que su posición radica en que Velásquez se ha excedido al mandato de la Cicig, y concretamente lo señala de haber ejercido “presiones” sobre el Legislativo y sobre los administradores de Justicia mediante una presión mediática.
De cara a una semana crucial, la población, que ya realizó el domingo protestas, espera conocer la acción que el mandatario ejercerá frente al trámite del antejuicio promovido en su contra.
Entretanto, diputados del partido Convergencia, presentaron ante la CC una acción de amparo, ante un posible estado de sitio que eventualmente decretara el Ejecutivo, informó Sandra Morán, una de las diputadas que solicitó la medida.
