El texto enfatiza que esos son los pilares para aprovechar los “abundantes recursos naturales” del país para lograr un clima que impulse el crecimiento económico y la creación de más empleos, cuyo objetivo sea mejorar el sustento de los guatemaltecos.
En la comunicación, la embajada insta a todas las partes involucradas en ese conflicto, especialmente a las autoridades pertinentes y a las comunidades locales a que “trabajen juntas para lograr una solución transparente y de beneficio para todos”.
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“Las inversiones deben adherirse a los requisitos legales, incluyendo el respeto a los derechos humanos y las leyes ambientales locales, y también deben cumplir con los convenios internacionales”, agrega.
El 24 de agosto del 2017, la CC suspendió las operaciones de la Minera San Rafael, en Santa Rosa, debido a señalamientos de discriminación. Hasta hoy representan 271 días sin actividad.
Según la resolución, cuando el Ministerio de Energía y Minas autorizó las operaciones negó la existencia de la agrupación xinca y no le consultó sobre el proyecto.
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En marzo último la CC solicitó a tres entidades que efectúen un estudio antropológico en el municipio de San Rafael Las Flores para ampliar la información y así poder emitir una sentencia en el caso de la Minera San Rafael ubicada en esa zona.
Ese mismo mes la minera comunicó su decisión de despedir a 250 personas, según argumenta, motivados por la “falta de resolución definitiva sobre el caso de la Corte de Constitucionalidad”.
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