En la audiencia también comparecieron otros cuatro exfuncionarios de la SAT, señalados todos de Caso Especial de Defraudación Tributaria e Incumplimiento de Deberes.
Aunque el grupo quedó ligado a proceso, cada uno deberá pagar una caución económica de Q50 mil para evitar ir a la cárcel durante el tiempo que dure la investigación, además se dictaron medidas cautelares como arresto domiciliar y arraigo.
Investigación
La evasión de impuestos a comercios en la terminal aérea asciende a unos Q59 millones, según el Ministerio Público (MP). El Congreso es el único ente facultado para otorgar este tipo de exoneración.
Por el mismo caso, fue detenido Óscar Humberto Funes Alvarado, exintendente de aduanas; Mayra Patricia Rodas Ruano, ex jefa de normas de Aduanas; Raúl Guzmán Marroquín y Lidia Lucrecia Roca Morales.
El Ministerio Público solicitó la captura internacional de tres personas implicadas en este caso, Marvin Rodolfo Prado Herrera, exjefe del departamento normativo de la SAT y Christian Josué Girón Carreto, exjefe del departamento operativo de SAT. La tercera persona es Lucía Touzard Romo, representante de Tiendas Libres de Guatemala, Sociedad Anónima, parte del Grupo panameño Wisa.
En agosto de 2012, La Corte de Constitucionalidad (CC) publicó una resolución que declara inconstitucional un acuerdo de la SAT que exoneró de impuestos a la empresa Tiendas Libres de Guatemala, S.A., conocida como La Riviera, de capital panameño. La acción había sido interpuesta por la Asociación Pro Derechos del Contribuyente (Asprodeco).
Según el fallo, se eliminó el privilegio otorgado en el 2009 por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que emitió una disposición que regula el Procedimiento para el Egreso de Mercancías de Almacenes Fiscales, Depósitos Aduaneros y Tiendas Fiscales “Duty Free”.
Se establecía que esos depósitos aduaneros en aeropuertos internacionales que tuvieran como giro normal de negocio vender mercancías a los pasajeros en tránsito hacia el exterior debían cumplir la norma 32 del Procedimiento.
El accionante expuso que la disposición fue emitida con abuso de autoridad y en contravención de la Constitución, ya que bajo la figura de depósito aduanero se incluye de manera infundada la necesidad de autorización para efectuar actividades de tienda libre, obviando que para operar como tal es requisito constitucional y legal la existencia de una ley específica.
El demandante considera que, según ese criterio, tales regulaciones traen beneficio económico para cualquier entidad mercantil autorizada por la SAT, pero a costa de perjuicio fiscal al Estado.
La empresa Tiendas Libres de Guatemala, que opera en el Aeropuerto Internacional La Aurora la tienda La Riviera, declaró que ha cumplido en el país “con todas las obligaciones contractuales y fiscales”. Por medio de un boletín enviado desde Panamá, el grupo Wisa, S.A, propietario de la tienda, explicó que el comunicado se había redactado “ante una supuesta defraudación fiscal y otros señalamientos realizados a la prensa nacional”.
