Comunitario

Policía retira barricadas en ingreso a mina en La Puya

Unos 300 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron desde la madrugada de este martes a la aldea La Puya en San José del Golfo. De acuerdo con la información de pobladores la presencia policial obedecería a una orden de desalojo  para liberar el paso hacia la mina El Tambor.

Unos 300 agente de la Policía Nacional Civil, llegaron en la madrugada a La Puya en San José del Golfo. (Foto Prensa Libre: CMI)

Unos 300 agente de la Policía Nacional Civil, llegaron en la madrugada a La Puya en San José del Golfo. (Foto Prensa Libre: CMI)

La presencia de las fuerzas de seguridad coincide este mes con el desalojo violento en ese lugar que dejó 26 heridos la mañana del 23 de mayo de 2014.

El lunes, llegaron a La Puya unos 100 agentes de la Fuerza Especial Policial (FEP) de la PNC, según el jefe del grupo policial, les avisaron de que había problemas en lugar. Durante la mañana de este martes, hubo una reunión entre líderes de la resistencia y los uniformados.
 
Elementos del contingente según denuncia de vecinos,  quitaron pancartas y  movieron algunas barricadas que impedían el paso de vehículos.

Reunión con Pérez Molina

Mañana representantes de la resistencia tienen prevista una reunión en casa presidencial con el presidente Otto Pérez Molina, para conformar una mesa de diálogo.

Durante la tarde, un grupo de vecinos de San José del Golfo y otras organizaciones que apoyan su causa, realizó una manifestación frente al ministerio de Gobernación, exigiendo que se respete el derecho de manifestación, además de insistir en el rechazo a cualquier proyecto de explotación de recursos naturales en San José del Golfo.

Antecedentes

Desde el 2 de marzo de 2012 los pobladores de las comunidades tomaron acciones en rechazo la mina y bloquearon la entrada a la compañía pues instalaron chozas en el camino.
 
Los inconformes piden que se haga una consulta de vecinos para saber si el pueblo acepta este proyecto.
 
Hace una semana los pobladores denunciaron que el Gobierno ha incumplido con entablar diálogos en busca de acuerdos para solventar este problema.
 
Durante el primer año de resistencia, se registraban pérdidas por casi US$3 millones (Q24 millones) para la empresa, puesto que debe invertir en el mantenimiento sin poder operarla.

En ese lapso de tiempo, la paralización de la empresa también generó pérdidas entre 8 a 10 millones de dólares en regalías para el Estado.

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