Irma Gladis Miranda Herrera, secretaria general del TSE, se reunió en la capital con los querellantes del caso, entre los que se encuentra el exalcalde Esvin Morales, a quienes entregó una nota con fecha 17 de enero en la cual informa que en sesión de los magistrados del TSE, de fecha 16, se determina que es responsabilidad exclusiva del Concejo hacer valer y acatar la última resolución de la CC.

El 22 de junio del 2012, la CC declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó el numeral II de la resolución apelada, respecto de revocar el amparo provisional decretado a favor de Aguilar Morales.

“Nosotros como Tribunal Supremo Electoral no podemos ordenarle a la Municipalidad de Sansare que saque al alcalde, ya que no se puede violar la autonomía municipal. El ente encargado de decirle al jefe edil que se retire es la corporación municipal”, expresó Miranda en una reunión con los querellantes en el caso, en Jalapa.

La magistrada dijo a los querellantes que las credenciales que tiene el alcalde para estar en el cargo son nulas, es decir, que ya no tienen validez, por lo que el Concejo deberá decidir el futuro de Aguilar.

Otro problema

Si el Concejo decidiera separar del cargo a Aguilar, asumiría el concejal primero, Noé Ruano Portillo; sin embargo, la Inspectoría General del TSE, que dirige Hugo Rivera, denunciaría al edil, pues encontró anomalías en su inscripción como candidato y pudo haber incurrido en engaño en el Registro de Ciudadanos.

Según la Inspectoría, Ruano es originario de Sanarate, del mismo departamento, pero se avecindó a Sansare, solo cuatro meses antes de los comicios, y no a un año de estos, como lo estipula la Ley.

El inspector general Hugo Rivera aseguró que el martes 22 de enero su despacho enviaría la denuncia al Ministerio Público para que se inicie la investigación y se establezca si Ruano engañó al TSE o lo deslinde de responsabilidades y pueda asumir el cargo.

Edgardo Lorenzo, abogado de los querellantes en este caso, indicó que el exalcalde Esvin Morales presentó las denuncias contra el jefe edil Aguilar por falsedad ideológica, falsedad material, usurpación de funciones, malversación de fondos y abuso de poder.

Explicó que la CGC le revocó el finiquito a Aguilar y este asumió el cargo por medio de una acción constitucional de amparo, que ya fue denegada.

“El Concejo es el que deberá proceder con el retiro del alcalde, para no incurrir en desobediencia ante la Ley”, indicó Lorenzo.