El ejecutivo indicó que el plan también incluirá propuestas para reactivar la infraestructura en el país.

Más de la mitad de la baja en mención se trata de déficit de calidad de vivienda; es decir techo mínimo, con piso de tierra, drenajes y agua potable.

Según el directivo, la primera meta que se incluirá en la propuesta es combatir el déficit vegetativo, ya que cada año se forman unas 60 mil nuevas familias que necesitan vivienda.

En la actualidad, dijo, se construyen alrededor de 20 mil casas anuales.

La construcción de vivienda venía en aumento, y en el 2006 se llegó a 47 mil 673; sin embargo, en el 2007 empezó a disminuir, como efecto de la crisis financiera que impactó las tasas de interés, y pasó de 45 mil 947 registradas en ese año a 20 mil 328 en el 2010, según el informe de la CGC.

La mayoría de los proyectos son financiados por entidades privadas, agregó, por lo que es necesario que el Gobierno impulse nuevos programas de subsidio y transparente los ya existentes, a fin de atender al gran número de familias que no tienen capacidad para obtener crédito privado.

Montenegro explicó que de acuerdo con lo establecido en los acuerdos de paz, el Estado debe invertir 1.5 por ciento de los ingresos tributarios en fondos para el subsidio de vivienda, lo cual no se cumple.

En la actualidad, el Estado brinda subsidio por medio del Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi).

Carlos Barreda, coordinador de asuntos económicos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que impulsarán el proyecto denominado Vías de la Esperanza, que consiste en apartamentos, tanto para el sector popular como para la clase media y trabajadores del Estado, similares a los de las colonias el Tesoro y Nimajuyú.

Barreda agregó que las opciones son trabajar el proyecto por medio de la Ley de Inversión Público Privada, y brindar subsidio o impulsar tasas de interés accesibles para los créditos.

Se intentó conocer la versión del Partido Patriota, pero no brindaron información.

La propuesta de los empresarios incluye una reactivación de la infraestructura, pero además piden promover la transparencia y los procesos técnicos para contratación y diseño de obras, explicó Montenegro.