Los manifestantes mantienen bloqueado el paso en el km 117, Las Trampas, y el km 127 Los Encuentros; Sololá, donde, según dijeron, permanecerán durante el tiempo que sea necesario, pues aseguran que no están dispuestos soportar más actos de corrupción en el Estado.
Aseguraron que solicitarán a todo el comercio local que se una a la protesta y que cierren sus negocios, y que, al igual que ellos, exijan la renuncia del mandatario, pues consideran que este favorece la corrupción y la impunidad.
Sin hora prevista
Las mayoría de manifestantes llegó preparada con alimentos y agua, ya que no tienen una hora prevista para deponer la media, por lo que esperan que Morales dé marcha atrás a su decisión de expulsar a Velásquez
Tomás Sen, representante de la Municipalidad Indígena de Sololá, dijo que esa decisión de logró mediante una asamblea extraordinaria, en la que participaron 71 alcaldes comunitarios. Añadió que la población está consciente de lo que pasa en el país, por lo que decidieron salir a demostrar su apoyo a la Cicig.
Ovidio Paz, delegado departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que la manifestación es un derecho ciudadano, por lo que se presentaron al lugar para garantizar la seguridad de los participantes.
Organizaciones sociales salieron este lunes a las principales calles de Mazatenango, Suchitepéquez, en apoyo a Iván Velásquez y la fiscal Thelma Aldana.
Edmundo Ponce, representante de los grupos sociales que participan en el movimiento, comentó que no permitirán que el presidente expulse al comisionado de la Cicig.
“Si el presidente cometió un error, que pague las consecuencias”, comentó.
Otros puntos
Integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) de todo el país, participan en protestas pacíficas en la capital, Mazatenango y Retalhuleu, en donde también rechazan las decisiones de Morales, las que según ellos, tendrán impacto negativo en toda la población.
Los manifestantes, portando pancartas y gritando consignadas contra el Gobierno, recorrieron varias calles de la capital hasta llegar a la Plaza de la Constitución, en la zona 1.
En Retalhuleu Los manifestantes iniciaron la caminata en la calzada Las Palmas y terminaron frente al palacio de gobierno de la localidad, en donde hicieron un mitin para exigir la renuncia de Morales con pancartas y discursos de recha a la declaratoria de non grato a Iván Velásquez.
Según los campesinos este movimiento fue organizado rápidamente y tienen previsto hacer otras actividades masivas para continuar con la protesta en contra de la corrupción y como una muestra de indignación ante los problemas del estado.
“En esta marcha participaron personas representantes de varias comunidades y esta marcha es un plantón, sin embargo, estaremos organizando protestas para apoyar el trabajo que Iván Velásquez está haciendo en la Cicig, y por supuesto pedimos la renuncia del presidente Morales por dignidad” expresó Esvin Sánchez, líder campesino.
Yomara de Mazariegos, vecina, indicó que está apoyando el movimiento de Codeca para demostrar que los vecinos también están indignados por lo que está pasando en Guatemala, porque ya es justo que reaccionemos porque hay mucha corrupción.
Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala también marcha en la capital en contra el Gobierno y en apoyo a la Cicig.
Líderes estudiantiles comentaron que se hizo un llamado a todas las unidades académicas para que se sumen a las medidas contra la corrupción.
Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política señalan que quieren demostrar la unidad estudiantil, pues es un momento en el que todos los estudiantes debe de manifestar el rechazo a la corrupción y la impunidad.
“No respaldamos que se le haya declarado non grato -a Velásquez-. Rechazamos cualquier acto de corrupción y eso lo incluye a él -presidente-, al partido FCN Nación, a los partidos que hayan incurrido en financiamiento ilícito y a los diputados que han llegado al Congreso por medio del clientelismo”, dijo una estudiante.
También en Huehuetenango, grupos sociales han salido a las calles de la ciudad portando pancartas en rechazo al presidente Morales y en respaldo a la Cicig e Iván Velásquez.
Los huehuetecos exigen la renuncia del mandatario sobre quien pesa una solicitud de antejuicio por supuesto financiamiento ilícito que habría recibido durante la campaña electoral 2015.
Crisis institucional
La decisión de Morales de declarar persona no grata y expulsar del país a Velásquez abre una crisis institucional en el país.
A esta especie de pugna entre la Presidencia y el abogado colombiano, así como con la Corte de Constitucionalidad, que amparó al titular de la Cicig y dejó en suspenso la decisión del mandatario, se unió la fiscal general, Thelma Aldana.
Todo empezó con la denuncia de Aldana de que Jimmy Morales iba a la sede de la ONU a pedir la destitución de Velásquez.
Durante la reunión con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el pasado viernes, el mandatario se quejó del trabajo del jurista colombiano pero sin solicitar su remoción, y ese mismo día en Guatemala Aldana y Velásquez anunciaron un antejuicio en su contra para que sea investigado por el delito de financiación electoral ilícita.
Allí comenzó el estira y encoge, la medición de fuerza de Morales con el comisionado, y el domingo último el presidente le dio un golpe de tajo al pedirle que abandone “inmediatamente” el país.
En un mensaje divulgado por redes sociales, el mandatario se limitó a informar de que su decisión la tomó basado en la facultad que le otorga la Constitución Política, la Convención de Viena y el acuerdo firmado entre la ONU y el Gobierno de Guatemala en el 2006 para crear la Cicig.
Expertos y dirigentes políticos temen que la eventual expulsión de Velásquez, quien dirige el ente de las Naciones Unidas desde 2013, provoque el aislamiento internacional, ya que son varios los países que dan financiación para que la Cicig coopere con el país a combatir la corrupción y la impunidad.
Además, señalan que el mandatario se ha puesto a nadar contra la corriente, que está acarreando una inestabilidad para el país y abriendo una nueva crisis.
La diputada opositora Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, advirtió de que la decisión del mandatario tendrá “graves consecuencias” porque está generando una crisis institucional interna.
El Ministerio Público con el apoyo de la Cicig denunció y proceso a Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente, respectivamente, por un caso de corrupción denominado como “Botín, Registro de la Propiedad”, caso en el que el jefe de Estado no movió influencias para defender a sus familiares.
Pero el pasado viernes mientras él se reunía con Guterres, Aldana y Velásquez revelaron que el partido Frente de Convergencia Nacional había recibido dinero ilícito para la campaña electoral del 2015 del entonces cómico Jimmy Morales.
Aprovechando la crisis generada por la corrupción estatal que acabó con el gobierno del presidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Morales saltó como el supuesto salvador del pueblo con su lema “Ni corrupto ni ladrón”, que los votantes se creyeron y ahora le reclaman que no obstaculice el combate a ese flagelo.
Algunos creen que el mandatario está en la línea correcta al expulsar al comisionado de la Cicig, que ha puesto tras las rejas junto con la Fiscalía a decenas de supuestos delincuentes que se habrían apropiado y malversado recursos públicos.
“El presidente está cumpliendo con sus facultades”, consideró el diputado de la oposición Fernando Linares, y manifestó que Velásquez se salió de su mandato, un argumento que utilizó más tarde el presidente para sustentar, en otro mensaje a la nación, su decisión.
Dijo que Velásquez presionó a los diputados y a los medios de comunicación, pero el pueblo asegura que la decisión es errónea y ha salido a la calle, desde el jueves, a respaldar la gestión de éste.
Velásquez no está solo. El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, le respalda y ha interpuesto amparos para evitar la expulsión del colombiano, así como para garantizar su seguridad.
Con facultades constitucionales o no, Morales, quien asumió el poder el 14 de enero deL 2016 para un periodo de cuatro años, quiere ganar este pulso político y jurídico con las botas puestas.
* Con información de Ángel Julajuj, Cristian Soto, Rolando MIranda y Mike Castillo
